Autor: ecologista

Más de 300 personas se han dado cita hoy en el Muelle de la Sal, en una concentración convocada por Ecologistas en Acción y Greenpeace para exigir la anulación del proyecto de vertidos tóxicos al río Guadalquivir de la Mina de Los Frailes (Aznalcóllar). En este acto reivindicativo con motivo del Día Mundial del Agua, las organizaciones ecologistas han advertido del peligro que tendría el vertido de metales pesados sobre el estuario del Guadalquivir y que afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir que están en Red Natura 2000 y sobre el Parque Nacional de Doñana, el cual sumará una amenaza más al listado que desgraciadamente ya tiene. El proyecto de la reapertura de la Mina de los Frailes prevé verter un total de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio. Esta cantidad de agua es el equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año.

Las organizaciones ecologistas advierten además que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por el Catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo. El nuevo vertido proyectado para la reapertura de la mina de Aznalcóllar podría conducir a repetir el desastre sufrido hace 27 años tras la ruptura de la presa de Boliden. Fruto de aquel desastre, aún hoy quedan restos en los  ecosistemas marinos del Golfo de Cádiz, e incluso en el Mar de Alborán. La dinámica interna del estuario del Guadalquivir evita que los metales pesados salgan rápidamente hacia la desembocadura.  Por un lado porque la presa de Alcalá del Río aguas arriba se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación, y por otro lado porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia la desembocadura. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros o agrícolas y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Las organizaciones ecologistas recuerdan, por otra parte, que la Mina de Los Frailes se encuentra en proceso judicial ante las irregularidades en la adjudicación de los derechos mineros a la empresa multinacional Grupo México. En ese proceso de adjudicación presuntamente se vulneraron las condiciones establecidas en el concurso minero, y en particular las que se referían a las garantías ambientales que debía cumplir la propuesta finalmente adjudicataria. Y esa vulneración se produjo presuntamente con conocimiento de miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica de ese concurso público. Es por ello que Ecologistas en Acción y Greenpeace solicitan a la Junta de Andalucía  que suspenda la autorización ambiental otorgada y la autorización minera en tramitación a favor de Minera Los Frailes para la reapertura de la actividad minera en la Zona Aznalcóllar.

Suspensión que se justifica no sólo por las graves consecuencias ambientales que esa reapertura va a provocar, sino también para  garantizar la seguridad jurídica comprometida en caso de una futura sentencia condenatoria.

Durante el acto, las organizaciones han obsequiado a los asistentes y transeúntes con unas botellas etiquetadas con los metales pesados que ya contiene el agua del Guadalquivir y que el vertido de la nueva mina va a agravar. Metales como arsénico, cadmio, plomo, cobre, zinc, níquel o mercurio, los cuales tienen graves consecuencias sobre la salud de las personas y los ecosistemas. Las botellas repartidas, etiquetadas como “agua mineral Aguadalquivir”, contenían además un folleto informativo, en el que se incluía las reivindicaciones de estos colectivos, entre las que destacan:

• La exigencia de  la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria, y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Esto último ha sido además pedido por el Defensor del Pueblo Andaluz mediante un requerimiento a la Junta y a los ayuntamientos de Sevilla y Aznalcóllar.
• En recuerdo del mayor desastre medioambiental de la historia de Andalucía: la rotura de la presa de la mina de Aznalcóllar, de la que el mes que viene hará 27 años.
• La labor de un grupo cada vez mayor de científicos e investigadores de varias universidades que están elaborando y recopilando un gran número de estudios y artículos científicos -169, según un el reciente informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua-  que advierten de los peligros para nuestra salud y la del planeta de estos vertidos.
• Cuatro de estos informes, recientes, son parte además de los procesos de alegaciones y denuncias contra estos vertidos.  Dos nuevos, que se publicarán en breve, también elaborados por  el catedrático Jesús Castillo, demuestran la acumulación de estos metales tóxicos en plantas, bivalvos y moluscos, y peor aún, en los peces del estuario.
• Se volvió a recordar que el Golfo de Cádiz es el lugar de mayor aportación de minerales tóxicos metálicos a los mares de todo el planeta.